El gobierno de Felipe Calderón
implementó una estrategia política de combate al narcotráfico que después de
cinco años dio como resultado el recrudecimiento de las ejecuciones, los
secuestros, los enfrentamientos, el desplazamiento de pobladores y el vacío e
incluso sustitución de poder en regiones completas del país.
En mayo de 2012 Amnistía
Internacional señaló que el gobierno mexicano había ignorado informes
nacionales e internacionales sobre la violación sistemática y generalizada de
los derechos humanos en México: ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas, torturas y otros crímenes de lesa humanidad, y que no
había realizado acciones reales para evitar estos hechos.
Paralelamente, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que en las morgues del país
todavía existían 8 mil 898 cadáveres sin identificar, y que se había denunciado
la desaparición de 5 mil 397 personas desde inicios del sexenio. Además, el
primero de diciembre el periódico The Washington Post dio a conocer que
la Procuraduría General de la República (PGR) compiló una lista con más de 25
mil adultos y menores de edad desaparecidos a lo largo del sexenio de Felipe
Calderón.
El 28 de marzo de 2011
asesinan en Cuernavaca, Morelos, a seis jóvenes, entre ellos Juan Francisco
Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia, lo que dio origen al Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad (MPJD); el 10 de junio de 2011 este movimiento
llega a Ciudad Juárez en la Caravana del Consuelo, y se firma el documento
Pacto Nacional por la Paz; el 23 de junio de 2011se realiza el Primer Encuentro
de Diálogos por la Paz entre el MPJD, el presidente Felipe Calderón y
legisladores, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec; el 14 de octubre de
2011 se realiza el segundo encuentro del MPJD con el Presidente.
El 13 de enero de 2012 la UNAM entrega al Senado el proyecto de Ley
General de Atención y Protección de Derechos de las Víctimas. En abril de 2012,
unánimemente, el Senado de la República aprobó la Ley General de Víctimas. En
julio, Felipe Calderón interpuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) una denuncia contra las cámaras de Diputados y Senadores, y la Comisión
Permanente por la aprobación que hicieron de la Ley General de Víctimas. Sus
argumentos fueron que la ley aprobada por el Congreso no marcaba las
atribuciones de los estados y municipios; no precisaba los montos para las
indemnizaciones a las víctimas, y que hacía falta una diferenciación entre los
casos en que exista responsabilidad del Estado y en los que dicha
responsabilidad corresponde únicamente a los delincuentes.
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